Iniciativa popular contra la corrupción gubernamental

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El gabinete federal se está haciendo guaje con la invitación del Presidente de seguir su ejemplo.

La semana pasada, en su noticiero radiofónico, Denise Maerker le preguntó a Luis Videgaray si haría pública su declaración patrimonial. El secretario de Hacienda le contestó que lo evaluaría con su familia. Tomando en cuenta que ya pasó mucho tiempo desde que el presidentePeña hiciera pública la suya, conminando a otros a hacer lo mismo, la respuesta de Videgaray parece un “no” disfrazado. Ojalá me equivoque y el secretario siga el ejemplo de su jefe, sobre todo ahora que nos debe muchas explicaciones sobre el sospechoso financiamiento que Grupo Higa le hizo para comprarse una lujosa residencia en el Club de Golf de Malinalco a dos meses de convertirse en secretario.

El gabinete federal se está haciendo guaje con la invitación del Presidente de seguir su ejemplo.

 

La semana pasada, en su noticiero radiofónico, Denise Maerker le preguntó a Luis Videgaray si haría pública su declaración patrimonial. El secretario de Hacienda le contestó que lo evaluaría con su familia. Tomando en cuenta que ya pasó mucho tiempo desde que el presidentePeña hiciera pública la suya, conminando a otros a hacer lo mismo, la respuesta de Videgaray parece un “no” disfrazado. Ojalá me equivoque y el secretario siga el ejemplo de su jefe, sobre todo ahora que nos debe muchas explicaciones sobre el sospechoso financiamiento que Grupo Higa le hizo para comprarse una lujosa residencia en el Club de Golf de Malinalco a dos meses de convertirse en secretario.

Videgaray evadió el cuestionamiento, pero dejó abierta la posibilidad de hacer pública su declaración patrimonial en el futuro. Muy diferente al secretario de Gobernación quien, ante la misma pregunta de José Cárdenas, contestó que sí la haría pública, como Peña, porque no tenía nada que ocultar. Osorio Chong realizó esta promesa hace un par de meses. Al día de hoy no la ha cumplido.

El gabinete federal se está haciendo guaje con la invitación del Presidente de seguir su ejemplo. Agrego que la semana pasada el jefe de gobierno del Distrito Federal y su gabinete hicieron dizque públicas sus declaraciones patrimoniales. Fue una burla: reportaron información muy general que esconde la riqueza real de los funcionarios.

Ante las críticas recibidas, Mancera justificó que no se dieran cifras por cuestiones de “seguridad”. Supongo que a los funcionarios del DF, como a los federales, les preocupa revelar su riqueza ya que podrían ser objeto de
extorsiones o secuestros. Dicha justificación, sin embargo, reconoce el fracaso de ellos en proveerle seguridad a la población: “Ni con todos los guardaespaldas y camionetas blindadas que tenemos, nos sentimos seguros y por eso ocultamos nuestra riqueza”.

Vaya diferencia con Michael Bloomberg, uno de los hombres más ricos del mundo. Con una fortuna de 35 mil millones de dólares, cuando era alcalde de Nueva York, se iba en Metro a trabajar; no temía que lo secuestraran a pesar de que se conocía su riqueza. No es el caso de nuestros gobernantes: o realmente les preocupa su seguridad o se esconden en este argumento para no dar a conocer cuánto tienen.

Lo cual me lleva al punto central de este artículo: cada vez estoy más convencido de que la manera de combatir la corrupción gubernamental en México es que los altos funcionarios estén obligados a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales anuales, sus declaraciones de impuestos anuales y una declaración de posibles conflictos de interés. El problema es que ellos son los que tienen el poder de realizar este cambio legislativo. Y como no les conviene, pues no lo van a realizar.

A menos que sientan una presión social que los impulse a hacerlo. ¿Cómo? Lanzo una idea. En México ahora existe la “iniciativa legislativa popular”. De acuerdo con la Constitución, un grupo de ciudadanos, equivalentes al punto trece por ciento del listado electoral, puede iniciar una ley. Si se juntan alrededor de un millón 300 mil firmas, el Congreso está obligado a dictaminar y votar la iniciativa legislativa que envíen los ciudadanos. La pueden rechazar, pero la tienen que votar. Este mecanismo de democracia semidirecta también existe en algunas entidades del país, incluyendo el DF, por lo que se podría replicar el ejercicio a nivel local.

La idea es que una o varias asociaciones civiles (Transparencia Mexicana, México Evalúa, Imco, México Unido contra la Delincuencia, Coparmex, México ¿cómo vamos?, CIDAC, etcétera) organice la recopilación de firmas, y una vez logrado el objetivo, envíe al Congreso una iniciativa de ley que obligue a la publicación de las declaraciones patrimoniales, de impuestos y de conflictos de interés, completas, de los altos funcionarios. Esto representaría una presión social que mediría hasta qué punto nuestros representantes políticos están comprometidos con el combate de la corrupción gubernamental: ¿Se atrevería el Congreso a rechazar una iniciativa, promovida por la ciudadanía, a fin de transparentar de dónde vienen los ingresos y cuál es la riqueza de nuestros gobernantes?

                Twitter: @leozuckermann

Leo Zuckermann 

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